En las conferencias de la semana de aniversario se informaba de cuales eran los propósitos de la reforma de secundaria, y nos decían que la educación básica de buena calidad está orientada al desarrollo de las competencias fundamentales de los alumnos, a formar el interés y la disposición de continuar aprendiendo, de plantear y resolver problemas, comprender el mundo social y natural en el que viven y prepararlos para la convivencia democrática y la cultura de la legalidad. A partir del ciclo escolar 2006-2007 se realiza una Reforma de la Educación Secundaria con el objeto de lograr la continuidad curricular y la articulación pedagógica y organizativa con los dos niveles escolares que la anteceden. La articulación de la educación básica es una de las acciones necesarias para mejorar su eficacia y equidad. Este compromiso federal ofrece una oportunidad única para diseñar estrategias e implementar acciones que permitan enfrentar los complejos problemas de la secundaria, ciclo educativo obligatorio, y garantizar el derecho de todos los mexicanos a recibir una educación de calidad.
Para realizar las transformaciones que se requieren, se deberá ampliar la autonomía y la capacidad de toma de decisiones en los niveles más cercanos al proceso educativo: el aula y la escuela, lo que significa mejorar la gestión de las escuelas para que logren sus propósitos educativos. Dotar a las escuelas y a sus actores de mayores capacidades para tomar decisiones autónomas va de la mano con la responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad sobre los resultados educativos. El ejercicio más responsable y comprometido de las tareas escolares tendrá que incluir mecanismos congruentes y sistemáticos de evaluación que apoyen efectivamente a los diversos actores escolares en la mejora continua de su trabajo.
El compromiso por transformar la escuela pública mexicana exige la puesta en marcha de estrategias más participativas para la toma de decisiones de política educativa. Por un lado, la actual administración ha establecido un fuerte compromiso con el federalismo educativo y, por otro, las autoridades locales exigen ser más que receptores pasivos de programas nacionales y reclaman de la federación un mayor margen de intervención en la toma de decisiones. Optar por un proceso de construcción democrática de políticas educativas es mucho más que alentar la participación ciudadana y recoger la opinión de diversos individuos y grupos de interés. Significa que las decisiones que se tomen han de ser resultado de la reflexión y discusión colectiva de ideas respecto de para qué y cómo ha de provocarse el cambio en la educación, lo que implica procesos de mayor información y diálogo, así como la realización de compromisos compartidos entre la Federación y las entidades. En ese sentido, la Reforma de la Educación Secundaria recoge las ideas principales en torno al impulso de un auténtico federalismo que permita la construcción de una visión compartida acerca de los retos educativos, y el establecimiento de mecanismos para el diálogo, el consenso y la concertación de compromisos con las entidades federativas para alcanzar las metas nacionales de la educación básica.
Para realizar las transformaciones que se requieren, se deberá ampliar la autonomía y la capacidad de toma de decisiones en los niveles más cercanos al proceso educativo: el aula y la escuela, lo que significa mejorar la gestión de las escuelas para que logren sus propósitos educativos. Dotar a las escuelas y a sus actores de mayores capacidades para tomar decisiones autónomas va de la mano con la responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad sobre los resultados educativos. El ejercicio más responsable y comprometido de las tareas escolares tendrá que incluir mecanismos congruentes y sistemáticos de evaluación que apoyen efectivamente a los diversos actores escolares en la mejora continua de su trabajo.
El compromiso por transformar la escuela pública mexicana exige la puesta en marcha de estrategias más participativas para la toma de decisiones de política educativa. Por un lado, la actual administración ha establecido un fuerte compromiso con el federalismo educativo y, por otro, las autoridades locales exigen ser más que receptores pasivos de programas nacionales y reclaman de la federación un mayor margen de intervención en la toma de decisiones. Optar por un proceso de construcción democrática de políticas educativas es mucho más que alentar la participación ciudadana y recoger la opinión de diversos individuos y grupos de interés. Significa que las decisiones que se tomen han de ser resultado de la reflexión y discusión colectiva de ideas respecto de para qué y cómo ha de provocarse el cambio en la educación, lo que implica procesos de mayor información y diálogo, así como la realización de compromisos compartidos entre la Federación y las entidades. En ese sentido, la Reforma de la Educación Secundaria recoge las ideas principales en torno al impulso de un auténtico federalismo que permita la construcción de una visión compartida acerca de los retos educativos, y el establecimiento de mecanismos para el diálogo, el consenso y la concertación de compromisos con las entidades federativas para alcanzar las metas nacionales de la educación básica.
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